EL SUELDO DE CHILE

por Gabriel Pizarro
Hace unos días que una nueva polémica salpica los oídos, a esta altura preferiblemente sordos, de nuestros auditores. Se trata de los efectos que tuvo el informe elaborado por la Dirección del Trabajo dando cuenta de la cantidad de trabajadores que siendo subcontratados, debían por funciones y situación, ser parte de la planta funcionaria de las empresas mineras.
Quizás muchos de ustedes recuerden la movilización que llevaron a cabo los subcontratados este año y que motivó no solamente la paralización de la actividad minera del cobre; sino que además permitió poner sobre la mesa uno de esos temas que pican. Uno de esos que molesta a quienes viven pensando en rentabilizar por el lado del factor humano.
Una de los logros de esa movilización fue tan simple como conseguir que la ley de subcontratación fuese cumplida, pero de verdad. Para eso, necesario era saber cuántos y quiénes eran parte de ese mar humano de trabajadores mercerizados, mal pagados y sencillamente discriminados.
El premiado se lo llevó, como era de esperar, Codelco. Por tamaño y trascendencia, la minera estatal sería la que concentraría la mayor cantidad de miradas y al conocerse el informe, solamente el número final llamaba la atención de cualquiera. Según la Dirección del Trabajo, debían ser casi 5 mil los trabajadores que esta compañía estaba obligado a contratar bajo un argumento para buenos entendedores, es decir, con pocas palabras.
El problema vino después, cuando Codelco anunció que apelaría en Tribunales a tamaña exigencia. Después de eso, una inundación de declaraciones y todo tipo de bravatas parecieron enturbiar un panorama que en la principal y más importante empresa manejada por el Estado diera un espectáculo tan poco digno según algunos.
¿Por qué es impresentable que esta empresa minera quiera defenderse como cualquier otro privado? Mientras Codelco aguantaba el chaparrón, el resto de las mineras privadas prepara argumentos para conseguir ante la justicia, lo que consideran un tratamiento poco justo por parte del Estado.
El tema es que comúnmente se trata a Codelco, en función de la importancia de su producción, con criterios de la más privada de las empresas. Sus rentabilidades, no por nada, son consideradas el “sueldo de Chile” y la maximización de esos recursos son seguidos con atención por prácticamente una interminable lista de interesados. Por cierto, incluyendo a los militares.
Si es verdad que Codelco debe rentar como nadie y para conseguirlo debe aplicar casi todo tipo de argumentos, entonces ¿por qué no puede defenderse como lo haría cualquier otra? Es cierto, no se ve bien, pero quizás este paso sirva para que el Estado, hoy administrado por la Concertación, al menos se saque la máscara y defina de qué lado prefiere estar… ¿El resto?, es música y no precisamente de la buena.